Page 10 - Revista Enfoque N° 2

Los rubros anteriores se califican en 5 niveles, del mental se encuentran sólo un peldaño arriba
más bajo al más alto: inicial, formativo, estable-
cido, estratégico y dinámico.
Antes de analizar el caso particular de nuestro
país, para ampliar nuestra perspectiva regional,
se presentan algunas estadísticas respecto a la
región:
1) En 30 de los 32 países miembros no existen
programas nacionales de concientización so-
bre la seguridad cibernética.
2) 20 no cuentan con un centro de control y co-
mando especializado, en 7 ésta función se lle-
va a cabo sin formalidad.
3) 24 no cuentan con mecanismos de planeación
y coordinación respecto a problemas críticos
en su estructura informática.
Este reporte ubica a México en un nivel ‘Forma-
tivo’ en cuanto a las estrategias y políticas na-
cionales y enfatiza la limitada cooperación inte-
rinstitucional y el bajo nivel de detalle en cuanto
a la descripción de las prioridades nacionales de
riesgo. Apunta asimismo que, aunque ya se han
identificado amenazas específicas a la seguridad
nacional en el ciberespacio, tales como amena-
zas externas, amenazas internas, vulnerabilida-
des del sistema de suministro y las amenazas a
la capacidad operativa militar, aún no existe una
estrategia de respuesta coherente.
Un foco de alerta se encuentra en el apartado de
Cultura y sociedad, que ubica en el nivel ‘inicial’,
pues la sociedad, ya sea por desconocimiento o
desinterés respecto a las amenazas cibernéticas,
no toma medida proactiva alguna para prote-
gerse de ellas. Los sectores privado y guberna-
de investigación, México aún está desarrollando
pues han apenas comenzado a darle prioridad
a una mentalidad de seguridad cibernética pero
ya son conscientes de, e identifican prácticas de
alto riesgo. Por otro lado, en lo concerniente a
las normas y políticas de privacidad, estas son
calificadas en el nivel ‘Estratégico’ pues se ad-
hieren a los estándares establecidos de derechos
humanos reconocidos a nivel internacional.
El ámbito de Educación, se encuentra ubicado en
el nivel 3, ‘Establecido’, pues ya existen esque-
mas educativos a este respecto a nivel nacional e
institucional y, asimismo, la iniciativa privada ya
invierte en capacitación de seguridad cibernéti-
ca, no sólo para empleados de la rama informáti-
ca en específico, sino para toda su planta laboral.
Sin embargo, en cuanto a la gobernanza cor-
porativa, y conocimiento de normas aplicables,
estas se ubican en el nivel ‘Formativo’, toda vez
que las juntas directivas tienen ya algún cono-
cimiento de cuestiones de ciberseguridad, pero
no de la forma en que estas podrían afectar a
la organización, o de las amenazas directas que
pudieran enfrentar.
Los marcos legales oscilan entre los niveles For-
mativo y Establecido, dado que ya existe legisla-
ción que protege los derechos de los individuos
y las organizaciones en el entorno digital. El de-
recho sustantivo de delincuencia cibernética ya
tipifica algunos delitos relacionados con pruebas
electrónicas que pueden ser objeto de una legis-
lación específica o abordados en el código penal;
no obstante, hablando del derecho procesal pe-
nal sobre el particular, este se aplica ad-hoc a la
delincuencia cibernética, pero no ha comenzado
el desarrollo de los delitos cibernéticos específi-
cos. A este respecto, señala que “Si bien las fuer-
zas del orden cuentan con una amplia capacidad
Conclusiones
una legislación integral sobre delincuencia ciber-
nética, lo que dificulta el enjuiciamiento de tales
actos” reiterando así, la insuficiencia de un marco
jurídico pertinente que dote a las autoridades con
un mayor campo legal de acción para enfrentar
estas conductas delictivas. En el mismo orden de
ideas, el reporte Tendencias de Seguridad Infor-
mática en América Latina y el Caribe, emitido por
la firma de seguridad Symantec y la OEA , señala
que “La capacidad limitada de las entidades po-
liciales para actuar en muchas instancias debilita
las investigaciones, perpetúa la sensación de im-
punidad entre los grupos criminales organizados
y les permite implementar las últimas tecnologías
y técnicas para cometer delitos.”
Pasando al apartado de Tecnologías, más espe-
cíficamente, sobre la aplicación de las normas
y prácticas mínimas aceptables en este ámbi-
to, estas se encuentran en un nivel Formativo,
pues, aunque ya se han identificado estándares
de seguridad de la información para su uso y ha
habido algunos signos iniciales de promoción y
adopción del gobierno, sector público y organi-
zaciones de la infraestructura crítica nacional,
hay una aplicación mínima de las normas y es-
tándares nacionales e internacionales. Por otro
lado, en cuanto a la respuesta a incidentes, esta
se ubica en un nivel estratégico, ya que existe
un registro de incidentes a nivel nacional que se
actualiza regular y sistemáticamente y existe ya
cierta capacidad para enfocar los recursos analí-
ticos de respuesta a incidentes.
Dicho todo lo anterior, México queda ubicado
junto a Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Colom-
bia y Trinidad y Tobago en un nivel intermedio
de preparación y capacidad de respuesta.
Resulta evidente que una de las prioridades y ac-
ciones más necesarias es la del fortalecimiento y
armonización del marco jurídico. Como se ilustró
en este artículo, sólo algunos delitos cibernéticos
están tipificados y son punibles, y estos no se con-
centran en un sólo cuerpo legal, sino que se en-
cuentran diseminados en diferentes ordenamien-
tos y leyes. Un nuevo y más eficiente catálogo de
delitos informáticos debería estar subdividido
conforme al bien jurídico que se busca proteger
o titular, toda vez que en este tipo de delitos
se involucran necesariamente uno de estos tres
factores: persona, información, y equipo infor-
mático. Aunado a lo anterior, un marco jurídico
procesal en esta materia es prácticamente inexis-
tente. Este particular podría ser objeto de futuros
estudios dogmáticos penales y de criminalística.
Es necesaria también una mayor educación y
sensibilización de la sociedad en general respec-
to a los riesgos cibernéticos en que incurren en
su vida diaria. Esto podría darse en forma de pro-
gramas coordinados nacionales de concientiza-
ción que incluyan a todas las partes interesadas
en el particular, sociedad civil, comunidad acadé-
mica, iniciativa privada y gobierno. Estos progra-
mas deberían contar con parámetros o escalas de
medición que cuantifiquen su eficiencia.